Propuesta

PERFIL DE LA DEFENSORIA QUE QUEREMOS

Se torna necesario la creación de una “Defensoría de las Personas Mayores”, como mecanismo de protección de los derechos de este segmento etario. Se requiere que esta Defensoría esté dotada de facultades y atribuciones eficientes para la debida protección de los derechos de las personas mayores, que actué rápidamente, de manera proactiva, preventiva, empática y reactiva, cuando fuese necesario, ejerciendo sus funciones de manera directa, expedita y gratuita. Algunas de las facultades y atribuciones de la Defensoría de las Personas Mayores serán: supervisar y velar por las actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado y de los servicios públicos o personas jurídicas; la representación de personas mayores judicial y administrativamente con atribuciones como las de constitución in situ en caso de violaciones o vulneraciones de derechos fundamentales de las personas mayores, pudiendo solicitar incluso el auxilio de la fuerza pública y visitar, inspeccionar y observar la calidad de los servicios que se prestan para el cuidado de las personas mayores por sus responsables y de las condiciones en determinados recintos; emitir recomendaciones, formular propuestas de legislación y políticas públicas y; la generación de estudios, su colaboración con instituciones de derechos humanos y la promoción y realización de estudios, investigaciones y publicaciones en materia de envejecimiento y de los derechos que deriven de tal condición.

Esta Defensoría debe estar presente en todos los territorios del país, con las debidas facultades y poder de decisión, contemplando equipos profesionales interdisciplinarios e interseccionales, que sean capaces de actuar frente a las distintas realidades de las personas mayores. Además, propiciará la participación ciudadana de manera directa y activa, tanto de las personas mayores como de instituciones de la sociedad civil del ámbito del envejecimiento y los derechos humanos.

1.- Tipo de Organización Institucional.

• Que sea un órgano público, con autonomía legal e independiente de cualquier poder, que vele por la promoción, respeto, protección y defensa de los derechos de las personas mayores.
• Que sea consecuente con los Principios de París, adoptados por Naciones Unidas, que le aseguran tal independencia y la representatividad de la sociedad civil; y con la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por nuestro país el año 2017 y con La Declaración Universal de los DDHH de Naciones Unidas de 1948.

2.- Atribuciones – Facultades- Obligaciones.

• Que tramite denuncias por negación, vulneración o limitación de derechos (que no constituyan delitos) de las personas mayores, en contra de autoridades, instituciones públicas y servicios de privados que asumen funciones por encargo del Estado.
• Que pueda presentar acciones judiciales como recursos de protección o acciones administrativas, por las y los afectados.
• Que las autoridades estén obligadas a atender a la Defensoría y a prestar colaboración.
• Que investigue, critique, medie si procede y emita recomendaciones a los poderes del Estado.
• Que proponga legislación y efectué su seguimiento.
• Que promueva el respecto, buen trato y buena calidad de vida de los Adultos Mayores.
• Que promueva la derivación de las personas mayores afectadas a las instituciones que correspondan. Sean estas a nivel comunal, regional o nacional.
• Que promueva la educación de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y funcionarios públicos en los derechos de los adultos mayores.
• Que asesore en el proceso de inclusión de los Adultos Mayores a la Sociedad.
• Que demande de las autoridades comunales, regionales y nacionales la atención y colaboración de las propuestas de la Defensoría.
• Que mantenga un permanente vínculo con los Gobiernos Locales, Regionales, las instituciones públicas de nivel Central del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que aborden las temáticas de las personas mayores.
• Que asesore el en acompañamiento necesario para garantizar una Reparación efectiva de la persona mayor afectada.
• Que promueva el uso de las plataformas tecnológicas e impulse la educación de las personas mayores en las mismas, particularmente en los contenidos tratados en los tratados internacionales de derechos humanos.

3.- Método y formas de actuación.

• Que actúe rápidamente, de manera proactiva, preventiva, empática y reactiva, cuando fuese necesario. Sus funciones las efectúe de manera directa, expedita y gratuita.
• Que los procedimientos sean sencillos y sus resoluciones claras y efectivas.
• Que le esté permitido actuar de oficio. Que ejerza rol fiscalizador en cuanto a las atribuciones que le han sido conferidas.
• Demandar de las autoridades comunales, regionales y nacionales la atención y colaboración de las propuestas de la Defensoría.

4.- El defensor o defensora de las Personas Mayores.

• Que sea una persona con trayectoria, de conducta intachable, con experiencia en derechos humanos de las personas mayores, reconocida por su servicio a la comunidad.
• Que se dedique exclusivamente al cargo y que presente un programa ante las autoridades que lo designen, ajeno a criterios e intereses particulares.
• Que exista total transparencia con la ciudadanía mayor sobre los Términos de Referencia con los cuales se elegirá a la Defensora o a el Defensor. Que participe la sociedad civil en el proceso de nombramiento.

5.- Presencia Nacional.

• Que la Defensoría esté presente en todas las regiones del país, con las debidas facultades y poder de decisión, que no sea mero buzón hacia Defensoría nacional.
• Que contemple contar con equipos profesionales interdisciplinarios e interseccionales en las distintas regiones.

6.- Participación de la Sociedad Civil.

• Que propicie participación ciudadana directa y activa de las personas mayores e instituciones de la sociedad civil del ámbito del envejecimiento y los derechos humanos. Capaz de asumir una acción de contralores ciudadanos.
• Que contenga en su estructura una Unidad de Participación Ciudadana que asesore al Defensor o Defensora y haga efectivos la normativa e Instructivos Presidenciales en la materia. Con Consejos de la Sociedad Civil en cada región y con un Consejo Nacional de la Sociedad Civil en conexión con los Consejos regionales.

7.- Financiamiento.

• Que cuente con patrimonio y financiamiento propios, independientes al de otra institución del Estado, mediante asignación directa en la Ley de Presupuesto.
• Que garantice la existencia de equipos profesionales, interdisciplinarios e interseccionales, gestiones operativas y publicación de informes, campañas comunicacionales y mensajes a la comunidad nacional acerca los derechos de su ámbito y la forma de ejercerlos.
• Dotada de infraestructura propia.